La Fiscalía 7ma del MP de Trujillo introdujo un recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para su estudio. El extenso expediente con los detalles de la investigación, evidencias, redes de conexiones, nexos financieros y otras pericias están en mano de los máximos rectores de la ley.
El órgano dictaminará si las decisiones de los jueces trujillanos estuvieron ajustadas o no a la legalidad, o carecen de fundamento. El TSJ en base a la querella podría ratificar la decisión de la instancia judicial local, revocar la medida, ordenar un nuevo proceso penal o decretar que los imputados sean enjuiciados.
Estafa
Por ahora el caso del PAE Trujillo, donde fueron afectados más de 140 mil escolares por el desvío de un poco más de 50 millones de Bs., está en el aire, a la espera de una nueva decisión. Una persona vinculada a la investigación reveló que el MP se enfrenta a presuntas “mafias con poder político”.
La representación fiscal cree tener suficientes elementos de prueba para dejar al descubierto la red contra la corrupción, y peor aún contra los centenares de niños pobres que no recibieron un plato de comida, pese a que sus escuelas aparecían en la “distribución de alimentos” y los directores firmaban el recibido, afirmó.
Por el caso fueron imputados Gladys Faneites, Elba Toro y Juan del Rosario, exdirectivos de la Zona Educativa de Trujillo, sin embargo la representación fiscal recibió “un balde de agua fría” al conocer el sobreseimiento formal a la acusación dictaminado por la Corte de Apelaciones de Trujillo, que tardó un año para decidir.
Frontal
El gobierno de Trujillo está firme en su lucha frontal contra la corrupción. Para esa instancia estatal la barbarie que se cometió contra miles de escolares, principalmente de zonas rurales de la región es un delito de lesa humanidad, para que algunos jueces basados en formalismos “premien” a los infractores de la ley. Hay muchas evidencias de la presunta gran mafia que se constituyó en el PAE Trujillo.
¿Y las pruebas?
El juez con ese dictamen “absuelve” a los acusados en el desfalco superior a los Bs. 50 millones, que le fueron despojados a los casi 140 mil escolares de las 740 escuelas públicas que recibían el PAE. No hubo -al parecer- evaluación de pruebas, pese a que la acusación pone en evidencia la supuesta corrupción, detalló.
El presunto descalco ocurrió entre el 2010 y febrero de 2013 cuando el gobierno de Trujillo detecta la red de corrupción y que los estudiantes de decenas de escuelas de zonas rurales y urbanas tenían meses sin recibir un plato de comida, pese a que los directores “firmaban” todas las semanas el recibo del despacho de alimentos.
Tras esa decisión, la Fiscalía 7ma del MP Trujillo acudió a la Corte de Apelaciones de Trujillo para imponer un recurso sobre el dictamen del juez en primera instancia. La máxima sala penal de la región respondió un año después. El lunes, 15 de febrero ratificó el sobreseimiento material de la causa contra la corrupción.
Nueva batalla
La decisión de la corte causa estupor, señala la fuente y revela que sobran las evidencias que desnudan la presunta red en el manejo irregular de los recursos económicos del PAE Trujillo. No obstante, señaló que el Gobierno Regional y el Ministerio Público inician una nueva batalla ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El MP presentó un grueso expediente con pruebas que dejan al descubierto la red contra el patrimonio económico de la Nación, y peor aún contra los centenares de niños pobres que no recibieron un plato de comida, pese a que sus escuelas aparecían en el “cronograma de distribución de alimentos”, afirmó.
Para finalizar recalcó que el gobierno trabaja sin descanso para sancionar la corrupción y sanear a las instituciones de quienes pretender ejecutar negocios ilícitos a través de los dineros gubernamentales y exhortó al Presidente Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional meterle la lupa a esas decisiones que dejan mucha duda.
Un detalle de tantos
Uno de los tantos datos de la auditoría del PAE revela que las nueve asociaciones cooperativas que figuraban como proveedores eran administradas por una sola persona. Los domicilios fiscales eran ficticios, en casas abandonadas u hogares de familias con similitud de direcciones. Una de las casas es propiedad del cónyuge uno de los señalados en el proceso penal. Esto es solo la punta del iceberg sobre el caso.
Fuente: http://www.elpitazo.com/regiones/tsj-revisa-expediente-por-corrupcion-en-pae-trujillo
Por Jhonathan Raúl Segovia
DESTITUIDA COORDINADORA DEL PAE EN PAMPAN link del articulo : http://www.diarioeltiempo.com.ve/V3_Secciones/index.php?id=100892012
